Las regiones amazónicas en su conjunto representan más del 60% del territorio nacional, entre las que se encuentra nuestra región San Martín, siendo que a la fecha se encuentra para su debate y aprobación por el Congreso de la República, en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Perú, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, tratado internacional firmado por 22 países de América Latina y el Caribe respecto a protocolos para la protección del medio ambiente, más conocido como Acuerdo de Escazú.

El Acuerdo de Escazú busca asegurar la implementación de estos derechos, estableciendo estándares a nivel de los países firmantes, para el ejercicio de los mismos de manera sistematizada, transparencia de la información, participativa, y con mecanismos de defensa en temas ambientales.

En el marco de la legislación de los Derechos Económicos Sociales y Culturales de la OEA, nuestro país reconoce el derecho a un medio ambiente sano. El Ministerio del Ambiente ha implementado el Sistema de Información de Salvaguardas ambientales y sociales de acuerdo a los lineamientos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), asegurando la sostenibilidad de los proyectos de inversión nacional.

Nuestro país ha implementado para la protección ambiental las fiscalías especializadas en materia ambiental (FEMA) y el Sistema Nacional de Información Ambiental; existe amplia jurisprudencia en justicia ambiental, transparencia y acceso a la Información pública, así como participación pública para la adopción de decisiones ambientales; asimismo, contamos con organismos públicos reguladores del medio ambiente: Autoridad Nacional del Agua (ANA), Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE).

Que, si bien es cierto, el Acuerdo de Escazú cuenta hasta la fecha con nueve ratificaciones, siendo necesario que once países ratifiquen para su entrada en vigencia, la que podría exponer al Perú que, agotada las instancias judiciales nacionales, se internacionalicen los procesos en materia ambiental, poniendo en riesgo las inversiones productivas, y por ende la soberanía nacional, con inseguridad jurídica para la Amazonía, parte del territorio de la costa, marítimo, y andino con afectación en su desarrollo socio económico.

En este contexto, el Consejo Regional de Decanos CONREDE San Martín conformado por los Colegios Departamentales del ámbito regional, del cual forma parte el Colegio de Contadores Públicos de San Martín; así como el Consejo Nacional de Colegios de Ingenieros del Perú, órganos técnicos colegiados, y la sociedad civil organizada y gremios empresariales productivos, se vienen pronunciado respecto a la NO RATIFICACIÓN del Acuerdo en agenda del Congreso de la República, destacando que es preocupante el poco análisis que hacen en las respectivas comisiones congresales.